viernes, 16 de octubre de 2015

El nuevo baremo de accidentes de tráfico


Reforma recogida por la ley 35/2015 de 22 de septiembre, modifica el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Han pasado veinte años desde la entrada en vigor (1995) del Baremo que fue posteriormente introducido como anexo al Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

En el ámbito del derecho comunitario ha habido reformas centradas en el seguro del automóvil con la finalidad de incrementar la protección a las víctimas, articulando la garantía de una indemnización suficiente. Esto ha motivado la necesidad de revisar el sistema español para añadir modificaciones necesarias a través de la nueva ley que nos ocupa. El resultado ha sido el fruto de un gran e importante acuerdo entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras. Se han perseguido tres objetivos: adecuar las normas a la realidad social actual y fomentar la resolución rápida de conflictos, revisa el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia y que las indemnizaciones de lucro cesante tengan en cuenta por las tareas del hogar y la capacidad de trabajo futura de estudiantes y menores.
fuente: google images

El baremo aprobado consagra el principio de indemnización del daño corporal: se centra en conseguir la total indemnidad daños y perjuicios, cómo si la persona perjudicada por el accidente quede en una situación lo más parecida a no haberlo sufrido. También se configuran nuevos perjudicados y nuevos conceptos de resarcimiento. Aparece con un papel más relevante el daño material -daño emergente y lucro cesante- y se aumentan el grupo de indemnizaciones, ocupando un lugar destacado las correspondientes a los supuestos de fallecimiento y de grandes lesiones.

Podemos decir en líneas generales que es una apuesta por un sistema que mejora su estructura y las cuantías de las indemnizaciones, resultando en definitiva un avance en el derecho de resarcimiento a las víctimas y perjudicados por los accidente de circulación.

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